El siguiente artículo fue publicado en el periódico El Tiempo, en julio de 1996 y reproducido en el periódico institucional de ACORE en la edición correspondiente a ese mismo mes. Pensamiento del columnista Juan Manuel Santos, hoy Ministro de Defensa
Falta de equidad
Falta de equidad
Una justa causa El motivo de muchos de nuestros problemas esta en haber relegado a educadores, jueces y militares a condiciones indignas.
Los sabios decían que las tres personas más importantes de cualquier comunidad era el juez, el maestro y el militar.
Tenía razón. Una sociedad donde no funciona la justicia, donde la educación de la gente no es prioridad, o donde el Estado no puede garantizarle a la ciudadanía un mínimo de seguridad, es una sociedad con problemas.
Buena parte de nuestros males se debe, precisamente, a que hemos invertido las prioridades: estas tres actividades que deberían concentrar la atención y el cuidado del Estado colombiano, han sido relegadas a una condición indigna, casi mendigante.
Los conflictos con educadores y jueces son frecuentes. Pero ahora el caso de las Fuerzas Militares y de Policía merece especial atención por la bomba de tiempo que esta incubando.
Un grupo de oficiales y suboficiales retirados se han organizado en lo que se denomina el Comité Central Prodefensa de la Fuerza Pública. Este grupo nació como reacción al incumplimiento de una promesa del gobierno de mejorarles los salarios a los miembros del Ejército y la Policía. Ya se han manifestado. Ya han demostrado que tienen poder de convocatoria y movilización Y su causa está bien sustentada.
A muchos les parecerá insólito- y en el fondo lo es- que retirados de las Fuerzas Armadas actúen como sindicato. Pero al oír sus reclamos, y la forma como el gobierno les ha puesto conejo tras conejo, no puede uno menos que simpatizar con su posición.
Aparte de un problema específico con los servicios de salud para los miembros y retirados de la FF.AA., sus reclamos tienen que ver con la falta de equidad en la escala salarial y con la forma como les han disminuido sus ingresos frente a los demás servidores públicos.
Hace veinte años un general ganaba cuatro veces más que un cabo. Hoy gana 12 veces más. Es decir, la parte del león de los aumentos salariales se los ha llevado la cúpula.
Semejante distribución de ingresos "al revés" causa -por supuesto- bastante malestar. Y contrasta con lo que le ha sucedido al resto del sector público, donde los empleados de menor rango están relativamente mejor pagados que los altos funcionarios.
El otro problema tiene que ver con la base que determina los salarios en la FF.AA. hace cuatro años se decidió que generales y ministros ganarían lo mismo. Por argucias contables, esta equivalencia ya no existe. Y la escala desde el grado de mayor general para abajo es inferior a lo que debería ser.
Al combinar una relativa disminución de los niveles salariales con la falta de equidad en su distribución, un agente de la Policía acaba ganado menos de 200 mil pesos; un coronel de Ejército (con 25 años de servicio) menos de un millón, con sueldo básico.
Algunos expertos señalan que la corrupción en la policía y la presencia de sus agentes en toda clase de delitos tiene mucho que ver con los salarios de hambre que devengan y las condiciones degradantes a las que están sometidas sus familias. En algunas zonas del país la guerrilla les paga más a sus reclutas.
A este malestar de la Fuerza Pública con su situación económica, se le agrega otro ingrediente igual o más peligroso. Lo resumo en las propias palabras de un oficial en servicio activo:
"Estamos en guerra. Nosotros exponemos nuestras vidas 24 horas al día, siete días a la semana. Pero nos pagan mal. La Ley persigue más a los militares que a los delincuentes. Y nos ponen a combatir a los narcotraficantes que financiaron las campañas del poder político que hoy nos manda. ¿Cómo le explica uno eso a su tropa?'.
El general Cifuentes describió parte de este mismo problema en forma bastante más cruda: "Nos obligan a rendirle honores militares al deshonor".
El costo fiscal de los reclamos en sí y la presencia en materia económica puede ser enorme.
La sola nivelación salarial cuesta 54 mil millones al año. Hay también problemas serios de eficiencia y efectividad en las FF.AA. y si el gobierno realmente estuviera apretándose el cinturón, se podría entender cierta precaución en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Pero el propio gobierno se ha encargado de crear todo tipo de expectativas con su derroche de promesas. A todo el mundo le ofrece el oro y el moro. Son ya demasiados los casos donde ha hipotecado tajadas importantes del presupuesto para resolver conflictos o comprar apoyo político.
O todos en la cama o todos en el suelo. Lo que no es aceptable, y mucho menos para quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la Ley, es que a ciertos sectores los consienta la mano generosa y oportunista del Estado, pero a otros los fustigue con el látigo del incumplimiento y la indiferencia.
Los sabios decían que las tres personas más importantes de cualquier comunidad era el juez, el maestro y el militar.
Tenía razón. Una sociedad donde no funciona la justicia, donde la educación de la gente no es prioridad, o donde el Estado no puede garantizarle a la ciudadanía un mínimo de seguridad, es una sociedad con problemas.
Buena parte de nuestros males se debe, precisamente, a que hemos invertido las prioridades: estas tres actividades que deberían concentrar la atención y el cuidado del Estado colombiano, han sido relegadas a una condición indigna, casi mendigante.
Los conflictos con educadores y jueces son frecuentes. Pero ahora el caso de las Fuerzas Militares y de Policía merece especial atención por la bomba de tiempo que esta incubando.
Un grupo de oficiales y suboficiales retirados se han organizado en lo que se denomina el Comité Central Prodefensa de la Fuerza Pública. Este grupo nació como reacción al incumplimiento de una promesa del gobierno de mejorarles los salarios a los miembros del Ejército y la Policía. Ya se han manifestado. Ya han demostrado que tienen poder de convocatoria y movilización Y su causa está bien sustentada.
A muchos les parecerá insólito- y en el fondo lo es- que retirados de las Fuerzas Armadas actúen como sindicato. Pero al oír sus reclamos, y la forma como el gobierno les ha puesto conejo tras conejo, no puede uno menos que simpatizar con su posición.
Aparte de un problema específico con los servicios de salud para los miembros y retirados de la FF.AA., sus reclamos tienen que ver con la falta de equidad en la escala salarial y con la forma como les han disminuido sus ingresos frente a los demás servidores públicos.
Hace veinte años un general ganaba cuatro veces más que un cabo. Hoy gana 12 veces más. Es decir, la parte del león de los aumentos salariales se los ha llevado la cúpula.
Semejante distribución de ingresos "al revés" causa -por supuesto- bastante malestar. Y contrasta con lo que le ha sucedido al resto del sector público, donde los empleados de menor rango están relativamente mejor pagados que los altos funcionarios.
El otro problema tiene que ver con la base que determina los salarios en la FF.AA. hace cuatro años se decidió que generales y ministros ganarían lo mismo. Por argucias contables, esta equivalencia ya no existe. Y la escala desde el grado de mayor general para abajo es inferior a lo que debería ser.
Al combinar una relativa disminución de los niveles salariales con la falta de equidad en su distribución, un agente de la Policía acaba ganado menos de 200 mil pesos; un coronel de Ejército (con 25 años de servicio) menos de un millón, con sueldo básico.
Algunos expertos señalan que la corrupción en la policía y la presencia de sus agentes en toda clase de delitos tiene mucho que ver con los salarios de hambre que devengan y las condiciones degradantes a las que están sometidas sus familias. En algunas zonas del país la guerrilla les paga más a sus reclutas.
A este malestar de la Fuerza Pública con su situación económica, se le agrega otro ingrediente igual o más peligroso. Lo resumo en las propias palabras de un oficial en servicio activo:
"Estamos en guerra. Nosotros exponemos nuestras vidas 24 horas al día, siete días a la semana. Pero nos pagan mal. La Ley persigue más a los militares que a los delincuentes. Y nos ponen a combatir a los narcotraficantes que financiaron las campañas del poder político que hoy nos manda. ¿Cómo le explica uno eso a su tropa?'.
El general Cifuentes describió parte de este mismo problema en forma bastante más cruda: "Nos obligan a rendirle honores militares al deshonor".
El costo fiscal de los reclamos en sí y la presencia en materia económica puede ser enorme.
La sola nivelación salarial cuesta 54 mil millones al año. Hay también problemas serios de eficiencia y efectividad en las FF.AA. y si el gobierno realmente estuviera apretándose el cinturón, se podría entender cierta precaución en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Pero el propio gobierno se ha encargado de crear todo tipo de expectativas con su derroche de promesas. A todo el mundo le ofrece el oro y el moro. Son ya demasiados los casos donde ha hipotecado tajadas importantes del presupuesto para resolver conflictos o comprar apoyo político.
O todos en la cama o todos en el suelo. Lo que no es aceptable, y mucho menos para quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la Ley, es que a ciertos sectores los consienta la mano generosa y oportunista del Estado, pero a otros los fustigue con el látigo del incumplimiento y la indiferencia.
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